Cómo la política de mano dura de Trump en materia de inmigración está transformando las familias, los colegios y la economía de Long Island

Una agencia de asistencia domiciliaria en Wantagh tiene dificultades para encontrar auxiliares sanitarios que atiendan a los pacientes. La asistencia a las escuelas públicas de Hempstead se desploma los días en que el ICE lleva a cabo redadas, ya que los hijos de las familias inmigrantes no acuden a clase. Un histórico restaurante de Glen Cove, uno de los primeros de Long Island en servir comida salvadoreña, ahora basa casi todo su negocio en la comida para llevar, ya que los clientes han dejado de salir a comer fuera.

La campaña de represión contra la inmigración que el presidente Donald Trump prometió en su primer día en el cargo se ha afianzado en Long Island. Los agentes federales de inmigración han detenido a unos 3.000 habitantes de Long Island, pero los efectos de esta campaña son mayores de lo que sugieren esas cifras. Los inmigrantes constituyen casi una quinta parte de la población de la región y, a medida que muchos de ellos se retiran o son apartados de la vida pública, Long Island está cambiando.

A lo largo del próximo año, Newsday analizará cómo, a través de una serie de reportajes sobre las repercusiones de la campaña de represión en la economía, las escuelas, los lugares de trabajo, los barrios y las familias de Long Island.

Los cambios han sido intermitentes y desiguales: evidentes en algunas comunidades, leves en otras. Pero, en términos generales, no es posible expulsar "de forma impecable" a muchos miles de inmigrantes, con o sin papeles, de sus puestos de trabajo, barrios y familias en Long Island, porque sus vidas están social y económicamente entrelazadas con las de los habitantes de Long Island que permanecen allí, afirmó David Dyssegaard Kallick, director de Immigration Research Initiative, un centro de estudios no partidista. "Se pueden esperar efectos en cadena en la economía y también efectos en cadena en nuestro sentido de identidad"

Un panorama cambiante

Más de 2,5 millones de personas fueron deportadas durante el mandato del presidente Barack Obama, pero la campaña actual es diferente, afirmó Kallick. Las medidas de control bajo el mandato de Obama "se centraban principalmente en devolver a las personas que habían llegado más recientemente", señaló. "Ahora se trata de redadas en las comunidades, redadas en los lugares de trabajo, detenciones en los juzgados cuando las personas acuden a cumplir con su obligación de registrarse... Es mucho más perturbador, más indiscriminado y violento"

El panorama demográfico también es diferente. La campaña de Trump sobre inmigración se produjo en un momento en el que la población inmigrante de Long Island se acercaba a los 550.000 habitantes y la proporción de la población nacida en el extranjero se acercaba a niveles que no se veían desde hacía un siglo o más: cerca del 15% a nivel nacional y del 21% en la isla.

Sin embargo, desde que se intensificaron las medidas de control, las tasas de inmigración han experimentado un "descenso histórico", según el Censo, que no distingue entre inmigración ilegal y legal. En el estado de Nueva York, entre 2024 y 2025, la migración neta de inmigrantes se redujo de 290.500 personas a 95.600. A nivel nacional, la tasa de inmigración también se redujo a menos de la mitad durante ese periodo, pasando de 2,7 millones a 1,3 millones, y se prevé una nueva desaceleración para 2026. La inmigración se contrajo tanto que contribuyó a ralentizar la tasa de crecimiento del país.

Kallick y otros, entre ellos la Brookings Institution, han advertido de que una inmigración baja o nula podría afectar negativamente a zonas como Long Island, que se enfrentan a la perspectiva de una disminución de la productividad laboral a medida que su población envejece.

En Long Island, donde los inmigrantes ya desempeñan un papel fundamental en el mercado laboral, "muchos sectores de servicios se verán afectados negativamente por la marcha de los trabajadores inmigrantes", afirmó John A. Rizzo, economista de la Universidad de Stony Brook. Señaló que los servicios serán menos accesibles y más caros, ya que los inmigrantes que se marchen serán sustituidos por "trabajadores que exigirán salarios más altos....La deportación masiva es una política económica terrible para Long Island"

La Administración Trump y sus partidarios evalúan los efectos de la reforma migratoria de forma muy diferente. La describen como una campaña de ley y orden para expulsar del país a los "extranjeros delincuentes" violentos, lo que, según ellos, está reportando beneficios sociales y económicos.

El departamento, cuya cuenta oficial de Instagram sugirió a finales del año pasado que la nación estaba "asediada por el Tercer Mundo", sostiene que su labor en Long Island y en otros lugares es necesaria y beneficiosa.

Como declaró el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, a Newsday a principios de este año: "No hay absolutamente ningún dato que respalde la falsa afirmación de que expulsar a los delincuentes del condado de Nassau está perjudicando a la economía... De hecho, es todo lo contrario"

La lógica se basa simplemente en la oferta y la demanda, según sugirió la entonces portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado de prensa de agosto de 2025. "A medida que los inmigrantes ilegales siguen abandonando el mercado laboral, más estadounidenses encuentran un empleo estable y bien remunerado"

Al comentar esta noticia, un representante del Departamento de Seguridad Nacional ofreció una explicación similar. "Si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una economía próspera, Biden habría tenido una economía en auge", escribió el representante en un correo electrónico. "Retirar a estos delincuentes de las calles hace que las comunidades sean más seguras para los empresarios y los clientes". El correo electrónico incluía fotos policiales de cinco "amenazas para la seguridad pública detenidas por el ICE en Long Island". Según el representante, todos ellos procedían de Centroamérica y habían sido condenados por delitos relacionados con armas o abusos sexuales.

Sin embargo, un análisis realizado por Newsday esta primavera sobre los datos de detenciones de ICE reveló que, de los miles de inmigrantes recluidos en la cárcel del condado de Nassau gracias a la colaboración de Blakeman con las autoridades federales de inmigración, el 59% no tenía ninguna condena ni acusación.

Entre las personas detenidas en la redada se encontraban un estudiante con matrícula de honor del Suffolk County Community College, de 20 años, a quien se le había revocado su estatus de protección temporal; el gerente de una tienda de bagels de Port Washington, de 42 años, que llevaba más de 20 años en el país pero tenía el visado caducado, una joven madre de 30 años que estaba solicitando asilo en una oficina de inmigración de Bethpage y un hombre con problemas de salud mental que había entrado en el país sin autorización legal en 2022. También fueron detenidos dos hermanos de El Salvador, Josué, de 19 años, y José Trejo López, de 20, que llevaban en EE. UU. desde que eran niños con estatus de protección temporal, y que fueron detenidos por el ICE cuando acudieron a presentarse ante las autoridades de inmigración.

Ninguno de ellos tenía antecedentes penales antes de que los agentes federales de inmigración los detuvieran.

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La campaña de represión ha contribuido a la marcha de trabajadores, tanto documentados como indocumentados, de Long Island. Los economistas afirman que, tanto en Long Island como en el resto del país, esas marchas crearán puestos de trabajo que los trabajadores nacidos en Estados Unidos no necesariamente quieren ocupar.

Desde el pasado mes de julio, Dana Armone, una enfermera titulada cuya empresa Reliance Home Senior Services, con sede en Wantagh, ofrece cuidados personales y tareas domésticas ligeras a pacientes de edad avanzada, ha despedido a 142 de sus aproximadamente 700 trabajadores porque se han revocado las protecciones temporales que les permitían vivir y trabajar legalmente en EE. UU. Aproximadamente dos tercios de los auxiliares de atención domiciliaria son inmigrantes, y en Long Island se prevé que el sector tenga unas 9.500 vacantes al año hasta 2033, según el Departamento de Trabajo del estado.

"Es una crisis", afirmó Armone.

Las matriculaciones en una de las escuelas de formación profesional que capacita a estos trabajadores, la Global School of Health de West Hempstead, se desplomaron a principios del año pasado después de que el ICE se presentara en el centro de transporte público de Hempstead, un nudo de conexiones de autobuses y trenes en el centro de la ciudad, según explicó Nathalie Dellbrun, directora de la escuela.

Los agricultores de North Fork señalaron que este año se presentaron menos trabajadores inmigrantes para realizar la siembra de primavera; las autoridades estatales han estimado que hasta la mitad de los trabajadores agrícolas de Nueva York carecen de documentación.

Algunas investigaciones nacionales sugieren que, en lugar de crear empleo, "las deportaciones masivas están perjudicando al mercado laboral en general y provocan una reducción de las oportunidades de empleo, especialmente en sectores que suelen depender de los trabajadores inmigrantes", afirmó Chloe East, economista de la Universidad de Colorado en Boulder y autora, junto con Elizabeth Cox, de un artículo publicado en abril que analizaba los efectos de la campaña de deportaciones en el mercado laboral utilizando datos del censo y de las detenciones del ICE.

Las investigadoras descubrieron que, en las zonas con un marcado aumento de las detenciones del ICE, el empleo entre los inmigrantes indocumentados se redujo un 4% — no a causa de las deportaciones, sino debido a un "efecto disuasorio", ya que quienes permanecen en el país reducen su actividad laboral por temor a que ir al trabajo y estar en él aumente la probabilidad de interactuar con la agencia.

Los investigadores también constataron que las medidas de control no tuvieron ningún efecto sobre el empleo de las personas en edad laboral nacidas en EE. UU. en su conjunto, y que sí tuvieron un "impacto negativo y significativo" en los trabajadores varones nacidos en EE. UU. con estudios secundarios o un nivel educativo inferior.

Los trabajadores nacidos en Estados Unidos, en general, no han ocupado estas vacantes laborales, señaló East. Esto se debe a que los puestos suelen ser "mal remunerados, peligrosos o estacionales". Lo que suele ocurrir es una contracción, señaló. En la construcción, por ejemplo, explicó, las empresas responden a la escasez de mano de obra reduciendo el número de nuevos edificios en construcción. "Eso reduce los puestos de trabajo para todos: electricistas, techadores o arquitectos", afirmó.

Algunos analistas sostienen que tales conclusiones sobre los efectos de la reforma migratoria de Trump en el mercado laboral son prematuras. Jason Richwine, investigador residente del Centro de Estudios sobre Inmigración, que respalda políticas migratorias más estrictas, argumentó en un artículo publicado en mayo en la revista American Affairs que, si bien 2025 fue un "gran comienzo", "a largo plazo será necesaria una política sostenida de baja inmigración" para obligar a los empresarios a aumentar significativamente los salarios y a los políticos a abordar mejor sus problemas sociales.

"En este momento, los empresarios afirman constantemente que no hay suficientes trabajadores nacionales, pero lo que realmente quieren decir es que no hay suficientes nacionales dispuestos a trabajar por el salario (bajo) que les gustaría pagar", escribió Richwine. "Por necesidad, si la baja inmigración se convierte en una realidad económica permanente y aplicable, los empresarios se esforzarán más por contratar y retener a los trabajadores"

Repercusiones en la isla

En toda Long Island, este año las ligas de fútbol recreativo han ido tirando a duras penas durante la temporada sin jugadores latinos y con muchos menos aficionados. La asistencia a algunos actos de la iglesia disminuyó, según la Diócesis Católica de Rockville Centre, porque los feligreses inmigrantes tenían demasiado miedo de acudir.

En Glen Cove, el restaurador Edward Villatoro, propietario de El Tazumal, afirmó que estaba planteándose dejar de ofrecer la cocina salvadoreña que sus padres comenzaron a servir hace casi 40 años: el negocio ha bajado un 30 % aproximadamente y los clientes que quedan piden sobre todo comida para llevar, en lugar de comer en el local, debido a lo que él denominó el "factor miedo". Tres de sus empleados se han autoexpulsado, dijo, porque "simplemente no querían vivir con esta locura"

En Hempstead Village, Nelson Hernández, un líder latino vinculado a la comunidad empresarial del pueblo, afirmó que los residentes de clase trabajadora y clase media del pueblo estaban "recortando en todo" en lo que gastaban dinero, algunos porque prevén regresar a sus países de origen y quieren ahorrar dólares mientras puedan. La microeconomía del pueblo, afirmó, "tardará en recuperarse, o quizá nunca se recupere"

Según Gary Rush, superintendente escolar de Hempstead, los días en que se ha visto a ICE en acción, hasta un 20% de los alumnos no acuden a clase, "y la situación sigue agravándose". Rush afirmó que creía que la presencia de ICE en el aparcamiento de un Home Depot del centro del pueblo, frecuentado por jornaleros en busca de trabajo, contribuía al absentismo crónico en una escuela primaria cercana. La participación en actividades deportivas y clubes extraescolares en todo el distrito ha disminuido, señaló Rush, porque algunos alumnos mayores trabajan a tiempo parcial para suplir los ingresos que ya no perciben sus padres, que han perdido sus empleos o tienen miedo de acudir a ellos. Son menos los padres que acuden a las reuniones entre padres y profesores.

De cara al futuro

Los defensores de los derechos afirman que la campaña de deportación es ilegal y han presentado docenas de recursos judiciales en los que figuran residentes de Long Island. El litigio se tramitará en los tribunales federales locales en los próximos años y determinará, en última instancia, el número de inmigrantes en Long Island, su papel en el futuro y la legalidad de las tácticas de ICE a medida que avance la campaña.

Ya hay sentencias judiciales, incluidas algunas de jueces de Long Island, que han cuestionado e incluso han suspendido algunas de las políticas que, según los defensores, violan los derechos civiles y han generado miedo y confusión. La semana pasada, un juez federal ordenó al Gobierno que reanudara los procedimientos de asilo y las solicitudes relacionadas con una prohibición de viajar que había quedado en suspenso.

En un caso en el que un hombre de Hempstead fue detenido pero finalmente puesto en libertad, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Gary R. Brown afirmó que las acciones del ICE eran "incompatibles con las normas constitucionales" y "un acto reprensible de una crueldad inimaginable... Así no es como se supone que deben funcionar las cosas en Estados Unidos"

Una demanda colectiva, presentada en abril en nombre de unas 15 000 personas detenidas por agentes federales de inmigración en el estado de Nueva York desde enero de 2025, alega que los agentes se centraron en las comunidades hispanas y que los controles de latinos por motivos raciales se dispararon en Hempstead y Brentwood. En un correo electrónico, un representante del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las acusaciones eran "repugnantes, imprudentes y categóricamente FALSAS"

De cara al impacto económico, expertos como Kallick advierten de que la expulsión masiva de inmigrantes y la prohibición de entrada a muchos de los que desean viajar a EE. UU. podrían, en última instancia, perjudicar la posición del país en el mundo.

"¿Qué pasaría si Estados Unidos dejara de ser el lugar al que las futuras superestrellas de todo el mundo quieren venir?", se preguntó. "Nos enfrentaríamos a un futuro económico y social menos atractivo para todos nosotros"